El Ministerio de Trabajo y Empleo realizó un informe respecto de tipología de denuncias recibidas en el marco de la pandemia establecida, el impacto del Covid-19 y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictada en el mes de marzo con respecto al empleo, despidos, reducción salarial y falta de protocolos sanitarios establecidos para reiniciar la actividad.

El informe detalla que desde la implementación de la cuarentena en Tierra del Fuego, se realizaron ante el Ministerio de Trabajo y Empleo 2.159 denuncias sobre diversas tipologías laborales y sanitarias, de incumplimiento por parte de las empresas con actividades comerciales e industriales.
Las mismas se realizaron en forma virtual y ante las delegaciones de Ushuaia y Río Grande, entre el 16 de marzo y hasta el 21 de julio.

Respecto de la tipología de denuncias, las mismas resultan muy variadas, pero polarizándose en tres temas centrales, propios de las actuales circunstancias: despidos o suspensiones (Incumplimiento del DNU N° 329/20); reducción salarial (Incumplimiento DNU N° 297/20); manejo o cumplimiento de los protocolos sanitarios y, trabajo no registrado.
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional DNU N° 329/20 permite que los empleadores y trabajadores acuerden, durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la suspensión de las actividades laborales con reducciones salariales y de aportes y contribuciones. Estos acuerdos están determinados y regulados por el Artículo 223bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia comenzó a tramitar estos acuerdos a partir de la delegación federal por parte del Ministerio Nacional del área.
En tal sentido y desde principios de junio, se llevaron adelante 51 acuerdos presentados por empresas. Realizándose acuerdos de 25 empresas en Ushuaia, representando el 49% y de 26 en Río Grande, totalizando el 51%.
Respecto de los trabajadores alcanzados, éstos totalizaron 774; correspondiendo 349 (45,09%) a Río Grande y 425 (54,91%) a Ushuaia.
Los acuerdos alcanzados implican el sostenimiento de las fuentes de trabajo. A tal punto es su importancia que representan el 1,12% de la población económicamente activa (69.000 según índice de Primer Trimestre 2020 del INDEC).